Zona de sacrificio
Mattia Colli Vignarelli
El término zona de sacrificio designa un área geográficamente definida en la que los costes ambientales, sanitarios y sociales de la producción industrial, la extracción de recursos o el desarrollo nacional se concentran de manera desproporcionada, afectando típicamente a poblaciones de bajos ingresos, comunidades racialmente minorizadas y pueblos indígenas, mientras que los beneficios económicos de dichas actividades se acumulan en gran medida en otros lugares. Como concepto que captura la desigualdad socioecológica geolocalizada, proporciona un vocabulario crítico eficaz para nombrar la dimensión espacial de la relación capitalista (véase Capitalismo y crisis ecosocial).
El uso más temprano rastreable del término se remonta a la gestión ganadera norteamericana de mediados del siglo XX, donde designaba un cercado deliberadamente degradado por el pastoreo intensivo, los excrementos animales o el pisoteo, con el fin de proteger los pastos circundantes (Juskus, 2023). La lógica subyacente se presentaba como conservacionista: concentrar el daño ecológico en una zona pequeña para que el resto del pasto mantuviera su capacidad productiva. Sin embargo, incluso en este uso original, el concepto ya codificaba la estructura que más tarde resultaría decisiva en su reapropiación crítica. En efecto, los excrementos animales se convierten en un problema a contener solo cuando la actividad agrícola queda subordinada a la lógica de la acumulación capitalista (Pellizzoni, 2025).
El término migró posteriormente al sector energético durante la nueva oleada de extractivismo estadounidense desencadenada por las crisis internacionales de suministro de los años setenta. A partir de los años ochenta, las luchas contra el racismo ambiental ampliaron el concepto para describir la exposición desproporcionada de comunidades racializadas – especialmente los nativos americanos (Churchill, 2002) – a los riesgos militares e industriales, antes de que pasara a designar más ampliamente los lugares y comunidades marcados por un daño socioeconómico y ecológico severo y duradero (Larner, 2010).
La expresión ha entrado recientemente en el ámbito internacional de los derechos humanos. El ex Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd, en colaboración con el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, abordó las zonas de sacrificio en el informe A/HRC/49/53 (2022). El Relator Especial definió las zonas de sacrificio como “lugares donde los residentes sufren devastadoras consecuencias físicas y mentales para su salud y violaciones de los derechos humanos como resultado de vivir en puntos críticos de contaminación y áreas fuertemente contaminadas” (párr. 27). El documento identifica los principales ejemplos de zonas de sacrificio en el mundo, distribuidos en todos los continentes y economías y se elaboró sobre la base de contribuciones de más de veinte países y de jóvenes, pueblos indígenas, estudiantes, académicos, sociedad civil e instituciones de derechos humanos (párr. 4). Esto refleja la difusión global del término como un poderoso elemento de un vocabulario de justicia ecosocial.
En algunos casos, por tanto, el lenguaje de los derechos humanos ha demostrado ser un instrumento fundamental para visibilizar las zonas de sacrificio y la complicidad de los gobiernos en su creación. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del área circundante a la planta siderúrgica Ilva de Taranto (Italia), cuyas décadas de emisiones han contaminado el aire, el suelo y los sedimentos marinos de la región, provocando tasas elevadas de enfermedades respiratorias y cáncer entre la población local, y que dio lugar al caso Cordella et al. c. Italia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Otro caso emblemático es el de La Oroya c. Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se ha determinado que las operaciones centenarias de un complejo metalúrgico son responsables de la grave contaminación del aire, el agua y el suelo en toda la zona, con niveles de plomo en sangre en los niños que superan ampliamente los umbrales de seguridad. En este último caso, la Corte utilizó explícitamente el término “zona de sacrificio” para denunciar las condiciones del área (párr. 180).
Marcelo Lopes de Souza sitúa la zona de sacrificio dentro de un marco biopolítico, describiéndola como un “territorio-espacio-ambiente» en el que las vidas del “hiperprecariado urbano” devienen desechables (Lopes de Souza, 2021). Al complementar esto con el concepto de “necropolítica” de Achille Mbembe (Mbembe y Meintjes, 2003) – que reinterpreta el concepto para identificar la soberanía como el poder de determinar quién debe vivir y quién puede morir – las zonas de sacrificio emergen como territorios en los que el poder biopolítico se ejerce con particular sutileza y va acompañado de una retórica de legitimación específica. En este sentido, la narrativa del sacrificio es una constante en el discurso político moderno: los impactos socioecológicos de los emplazamientos industriales o extractivos se justifican habitualmente apelando al empleo, al desarrollo económico y, hoy en día, a los imperativos de la transición verde.
Una contribución decisiva al análisis de la zona de sacrificio consiste en poner de relieve el papel del derecho como elemento constitutivo, y no meramente externo, de su creación. Las zonas de sacrificio son producidas y legitimadas por instrumentos jurídicos, y no surgen simplemente del fracaso de la protección legal: planes de zonificación, concesiones y licencias extractivas, legislación sobre inversión extranjera y, en el plano internacional, acuerdos internacionales de inversión. Esto se hace especialmente patente, por ejemplo, en el caso de las zonas de sacrificio «green”, como el denominado “triángulo del litio”, en el límite entre Argentina, Bolivia y Chile, donde estas capas de protección jurídica interactúan para facilitar un modelo de desarrollo extractivista. Si es cierto que en las zonas de sacrificio “subconjuntos enteros de la humanidad son categorizados como menos que plenamente humanos, lo que hace que su envenenamiento en nombre del progreso resulte de algún modo aceptable” (Klein, 2014, p. 310), ese de algún modo no es sino la operación del derecho.
Esto resuena con la figura del Homo Sacer [hombre sagrado] de Giorgio Agamben (1998). El concepto proviene del derecho romano, en el que la sacratio era una sanción excepcional para algunos de los crímenes más graves, que conllevaba la exclusión de la comunidad y la consagración a los dioses; el condenado no podía ser sacrificado en una ceremonia ritual, pero podía ser asesinado por cualquiera sin consecuencias jurídicas. Para Agamben, el derecho constituye el cuerpo político precisamente a través de la exclusión de aquello que debe permanecer fuera de él: soberano es quien decide sobre la excepción. Del mismo modo, la zona de sacrificio queda constituida por el derecho como un espacio de inclusión excluyente: sus residentes permanecen jurídicamente presentes dentro del Estado, pero quedan despojados efectivamente de los derechos – a la salud, a la vida, a un medio ambiente sano – que se supone que es garantizado por la pertenencia política. Como lo hace Lopes de Souza (2021), se puede sostener que sus vidas políticas como individuos son prescindibles, pero la nuda vida [vida desnuda], una existencia humana despojada de derechos y reducida a su propia existencia, es necesaria para reproducir la relación capitalista.
La operación intelectual que subyace y justifica la suspensión efectiva de derechos humanos esenciales – el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, el derecho a la vida privada y familiar – para comunidades enteras hoy se materializa en el concepto del desarrollo. Al menos desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo ha funcionado como un metaprincipio que estructura las dimensiones institucionales y sustantivas del derecho, en particular del derecho internacional, informando el modo en que este configura la economía política global (Pahuja, 2011). En este contexto, el concepto de zona de sacrificio desempeña una importante función desnaturalizadora. Una zona de sacrificio es un lugar en el que la vida es valorada de manera diferente porque se ha tomado una decisión – habilitada y sostenida jurídicamente – de que así sea, en nombre de los imperativos del desarrollo.
Es innegable que las toxinas migran más allá de las fronteras jurisdiccionales; las cadenas alimentarias y los acuíferos conectan a las comunidades colindantes con poblaciones más amplias; la lógica sistémica de la maximización del beneficio a expensas de los trabajadores y de los ecosistemas se extiende desde la escala local hasta la nacional y la global. La zona de sacrificio es, en este sentido, tan solo la expresión más visible de un sistema económico que reclama el planeta entero como su espacio sacrificial (Klein, 2014), en lo que se ha denominado el Antropoceno o, quizás con mayor precisión, el Capitaloceno (Moore, 2017). La porosidad de los límites de las zonas de sacrificio ilustra la imposibilidad última de mantener la separación entre producción y reproducción.
No obstante, la flexibilidad del concepto, que explica en buena medida su poder crítico y movilizador, exige también cautela metodológica (Auerochs, 2025). Las generalizaciones corren el riesgo de diluir la fuerza analítica y política del término. La eficacia crítica del concepto depende de mantenerse cerca de las perspectivas de quienes viven realmente dentro de las zonas que nombra – lo que los antropólogos distinguen como un punto de vista emico antes que etico (Ibid. 4). Usado a escala planetaria sin referencia a comunidades y daños específicos, la zona de sacrificio corre el riesgo de convertirse en una mera figura retórica. Esto recuerda que el poder generativo del término reside en la intersección entre lo global y lo local: el cuerpo particular, la comunidad particular, la cuenca hidrográfica contaminada particular, contemplados en relación con la arquitectura global de la acumulación capitalista que los produjo.
Por último, la polisemia del sacrificio abre un horizonte más allá de la crítica. Lo que ha sido convertido en zona de sacrificio – designado como prescindible, consagrado a la destrucción – puede ser reclamado como zona sagrada: un lugar donde la interdependencia entre la vida humana y la no humana vuelve a hacerse visible y valiosa. De hecho, esto describe una práctica política y existencial que muchas comunidades afectadas han puesto en práctica.
La exhortación de Donna Haraway (2016) a “seguir con el problema” (stay with the trouble) ofrece un recurso conceptual para pensar la resistencia desde dentro de las zonas de sacrificio, y no a pesar de ellas. Para Haraway, seguir con el problema es una response-ability activa: un compromiso de forjar alianzas inesperadas a través de especies, generaciones y geografías, incluyendo precisamente aquellos lugares que la modernidad ha designado como desechables. Las zonas de sacrificio son “heridas abiertas” en las que la artificialidad de las prácticas humanas de fronterización (Anzaldúa, 2012) se vuelve absolutamente evidente. El entrelazamiento entre la vida humana y la más-que-humana en las zonas de sacrificio es distorsionado, pero intensificado y hecho urgentemente visible, como se ha demostrado, por ejemplo, en la resistencia de las comunidades locales de la bahía de Quintero-Puchuncaví, la bahía de Coronel y la bahía de Hualpén-Talcahuano, tres zonas altamente contaminadas e industrializadas de Chile (Valenzuela-Fuentes et al., 2021). La obligación de responderle resulta, en consecuencia, aún más apremiante.
Bibliografía:
Agamben, G. (1998). Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford University Press.
Auerochs, F. (2025). Sacrifice zones. En E. Zemanek & T. Müller (Eds.), Live handbook environmental humanities. J.B. Metzler.
Anzaldúa, G. (2012). Borderlands/La frontera: The new mestiza (4th ed.). Aunt Lute Books.
Boyd, D. R. (2022). The right to a clean, healthy and sustainable environment: non-toxic environment. Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. UN Human Rights Council, A/HRC/49/53.
Churchill, W. (2002). Struggle for the Land: Native North American Resistance to Genocide, Ecocide and Colonization. City Light Books.
Haraway, D. J. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Duke University Press.
Juskus, R. (2023). Sacrifice Zones: A Genealogy and Analysis of an Environmental Justice Concept. Environmental Humanities, 15(1), 3–24.
Klein, N. (2014). This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. Simon & Schuster.
Lerner, S. (2010). Sacrifice Zones: The Front Lines of Toxic Chemical Exposure in the United States. MIT Press.
Lopes de Souza, M. (2021). ‘Sacrifice zone’: The environment–territory–place of disposable lives. Community Development Journal, 56(2), 229–243.
Mbembe, J. A. & Meintjes, L. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11–40.
Moore, J. W. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis. The Journal of Peasant Studies, 44(3), 594–630.
Pellizzoni, L. (2025). Zone di sacrificio: un’esplorazione concettuale. En F. Perocco & G. Pirina (Eds.), Le disuguaglianze territoriali in Italia: Cause, forme, conseguenze (pp. 379–398). Edizioni Ca’ Foscari.
Pahuja, S. (2011), Decolonising International Law. Development, Economic Growth and the Politics of Universality. Cambridge University Press.
Valenzuela-Fuentes, K., Alarcón-Barrueto, E. & Torres-Salinas, R. (2021). From Resistance to Creation: Socio-Environmental Activism in Chile’s “Sacrifice Zones”. Sustainability, 13(6), 3481.