Geoderecho
Isabel Pinheiro de Paula Couto
El concepto de geoderecho se refiere a un campo de estudio transdisciplinar que integra los conocimientos de la geografía y el derecho con el fin de comprender, interpretar y transformar la realidad territorial a través de la articulación entre los fenómenos espaciales y las normas jurídicas (Sanches, 2010; 2014ª). Se basa en el uso de instrumentos geotecnológicos como la cartografía, el geoprocesamiento, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), las imágenes satelitales, los drones y la teledetección, aplicados al análisis jurídico de los fenómenos socioambientales y territoriales.
Según Sanches (2010), el geoderecho surge de la necesidad de acercar el Derecho a la realidad espacial en la que se producen los hechos sociales, permitiendo que la interpretación jurídica tenga en cuenta las especificidades territoriales de los fenómenos analizados. Desde esta perspectiva, la Geografía y el Derecho se complementan entre sí: mientras que la Geografía se centra en la localización, la descripción y el análisis de las relaciones espaciales, el Derecho interviene en la gobernanza, la regulación y la organización de estos espacios (Sanches, 2020).
Los fundamentos teóricos del geoderecho se basan en la idea de que los fenómenos sociales, políticos y jurídicos poseen una dimensión espacial estructurante. Para Santos (1988), las representaciones sociales e institucionales son inseparables del espacio, que constituye un elemento constitutivo de la forma en que la sociedad organiza su realidad.
En el ámbito de la Geografía Jurídica aplicada a los estudios medioambientales, Konzen (2020) destaca la naturaleza esencialmente transdisciplinar de este campo, en el que participan sociólogos del derecho, geógrafos, politólogos, antropólogos, economistas, juristas e historiadores. Según el autor, esta configuración es el resultado de la intersección entre la Geografía Crítica y los Estudios Jurídicos Críticos, lo que aporta densidad teórica y pluralidad metodológica a la investigación desarrollada.
Konzen (2020) señala también que la consolidación de la Geografía Jurídica se intensificó a partir de la década de 2000, con el fortalecimiento de una agenda de investigación internacional y la creciente publicación de estudios teóricos y empíricos en la intersección entre el Derecho y la Geografía. Este movimiento demuestra la maduración del campo y su expansión como herramienta analítica para los fenómenos socioespaciales.
Entre las obras fundamentales de esta tradición se encuentran Blomley, Delaney y Ford (2001); Holder y Harrison (2003); Taylor (2006); Philippopoulos-Mihalopoulos (2007); Benda-Beckmann, Benda-Beckmann y Griffiths (2009); y Braverman, Blomley, Delaney y Kedar (2014), que consolidan el diálogo interdisciplinario entre geógrafos y juristas en la comprensión espacial del Derecho (Konzen, 2020).
Dentro de la teoría geojurídica desarrollada por Sanches (2014ª), destaca el concepto de hecho geojurídico, caracterizado por la intersección entre el criterio espacial de la Geografía y el criterio normativo del Derecho. Esta articulación permite identificar dónde se producen los fenómenos sociales, medioambientales y económicos, así como comprender sus efectos jurídicos en el territorio. En este contexto, la noción de escala de gobernanza desempeña un papel central, ya que define las competencias, las responsabilidades y los modos de actuación de los actores estatales y sociales.
El análisis geojurídico se guía por la pregunta “¿dónde?”, que es fundamental para la comprensión espacial del Derecho. Identificar la ubicación de las poblaciones, los conflictos socioambientales, los recursos naturales o las actividades económicas es esencial para la correcta aplicación de las normas jurídicas y para la eficacia de la gobernanza territorial (Sanches, 2020).
El geoderecho representa una epistemología interdisciplinaria que articula el conocimiento geográfico y jurídico, utilizando herramientas técnicas como mapas, imágenes satelitales y geoprocesamiento para hacer visible la realidad territorial de los fenómenos jurídicos. Este enfoque permite comprender los cambios en el uso del suelo, la expansión urbana, la degradación ambiental y los conflictos territoriales a lo largo del tiempo, lo que sirve de apoyo para tomar decisiones jurídicas y administrativas más precisas (Sanches, 2014ª) .
En el ámbito del Derecho Ambiental, el geoderecho es un instrumento relevante para evaluar la eficacia social de las normas ambientales. El análisis espacio-temporal de imágenes satelitales y datos georreferenciados permite verificar si la legislación ambiental produce efectos concretos en el territorio, permitiendo la identificación de procesos de deforestación, ocupación ilegal, degradación de ecosistemas y contaminación del agua.
Esta perspectiva está directamente relacionada con el análisis cartográfico de las áreas protegidas, especialmente en lo que respecta a la definición de las Áreas de Preservación Permanente (APP). Así, la cartografía ambiental permite la delimitación precisa de los espacios protegidos y el seguimiento de su evolución temporal, constituyéndose en una herramienta esencial para las políticas públicas y los procesos de toma de decisiones (Souza, Chaffe, Pinto, 2020).
A partir de esta integración, resulta evidente que la incorporación de la dimensión espacial al Derecho refuerza la relevancia de la geografía jurídica como campo analítico, ya que la comprensión de los fenómenos socioambientales depende de la articulación entre la geoinformación, los marcos jurídicos y los procesos de toma de decisiones (Konzen, 2020).
Este enfoque también está relacionado con el principio de no retroceso ambiental. Según Souza, Chaffe y Pinto (2020), este principio impide la aplicación de una legislación posterior y menos protectora a hechos pasados, exigiendo que se tenga en cuenta la ley vigente en el momento en que se produjo el daño ambiental. En este sentido, el análisis espacio-temporal del uso del suelo, combinado con la evolución de la legislación medioambiental, permite elaborar documentos cartográficos específicos capaces de poner de manifiesto la dinámica territorial de la protección del medio ambiente.
Las herramientas de geoprocesamiento y teledetección tienen amplias aplicaciones prácticas en la obtención de pruebas y en los litigios medioambientales. En casos de deforestación ilegal, invasión de Áreas de Preservación Permanente (APP), contaminación del agua u ocupación de áreas protegidas, el análisis de imágenes históricas permite reconstruir la evolución temporal del daño medioambiental.
En este sentido, en Brasil, esta práctica cuenta con el respaldo institucional de la Resolución n.º 433/2021 del Consejo Nacional de Justicia, que reconoce la teledetección y las imágenes satelitales como pruebas e instrumentos de inteligencia institucional ambiental (CNJ, 2021ª). La Recomendación n.º 99/2021 refuerza el uso prioritario de los datos geoespaciales en los procedimientos medioambientales (CNJ, 2021b). La Resolución conjunta CNJ/CNMP n.º 8/2021 estableció el sistema SireneJud, que integra bases de datos cartográficas y series de imágenes históricas para reconstruir los acontecimientos medioambientales a lo largo del tiempo (CNJ; CNMP, 2021).
Además, el derecho geoespacial desempeña un papel central en la formulación de políticas públicas y la gobernanza territorial, ya que la geoinformación permite identificar áreas vulnerables, cartografiar conflictos socioambientales y anticipar riesgos ambientales, contribuyendo a estrategias preventivas y a la gestión territorial integrada. En este contexto, instrumentos como la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE) fortalecen la producción e integración de información geográfica para la planificación estatal (Sanches, 2014b).
El derecho geográfico también está directamente relacionado con el análisis territorial de las áreas protegidas y el diseño de políticas ambientales, lo que refuerza la importancia de integrar el Derecho y la Geografía para construir instrumentos más precisos de gobernanza ambiental.
En resumen, el derecho geográfico constituye un enfoque innovador que integra el Derecho y la Geografía para promover una comprensión más precisa de la realidad territorial, reforzando la eficacia de las normas medioambientales, la gobernanza territorial y la justicia ecológica. Es una perspectiva que acerca las normas jurídicas a la realidad espacial, contribuyendo a una sociedad más sostenible (véase Desarrollo sostenible), informada y territorialmente equilibrada (Sanches, 2010; 2014ª; Santos, 1988; Konzen, 2020).
Bibliografía:
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Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República.
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Conselho Nacional de Justiça. (2021, October 27). Resolução n.º 433, de 27 de outubro de 2021: Institui a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente.
Conselho Nacional de Justiça. (2021, October 26). Recomendação n.º 99, de 26 de outubro de 2021: Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de medidas para o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional ambiental.
Conselho Nacional de Justiça, & Conselho Nacional do Ministério Público. (2021, December 21). Resolução Conjunta n.º 8, de 21 de dezembro de 2021: Institui o sistema SireneJud.
Konzen, L. P. (2020). Direito e geografia: Estendendo a geografia jurídica aos estudos ambientais. In J. R. M. Leite, L. V. Boratti, & F. S. Cavedon-Capdeville (Orgs.), Direito ambiental e geografia: Relação entre geoinformação, marcos legais, políticas públicas e processos decisórios. Lumen Juris.
Sanches, L. A. M. U. (2010). O que é o geodireito? Migalhas. https://www.migalhas.com.br/depeso/103305/o-que-e-o-geodireito
Sanches, L. A. M. U. (2014). Geodireito e a geografia de Estado no Brasil (Tese de doutorado, Universidade de Brasília).
Sanches, L. A. M. U. (2014). Geodireito e a construção geográfico-cartográfica como instrumento de política pública no setor de energia elétrica. Tempo – Técnica – Território, 5(2), 58–79.
Santos, B. de S. (1988). Uma cartografia simbólica das representações sociais: Prolegómenos a uma concepção pós-moderna do direito. Revista Crítica de Ciências Sociais, (24), 139–172. https://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Cartografia_simbolica_RCCS24.PDF
Souza, K. I. S. de, Chaffe, P. L. B. & Pinto, C. R. S. de C. (2020). Cartografia para análises ambientais: Definição de áreas de preservação permanente (APPs). In J. R. M. Leite, L. V. Boratti, & F. S. Cavedon-Capdeville (Orgs.), Direito ambiental e geografia: Relação entre geoinformação, marcos legais, políticas públicas e processos decisórios. Lumen Juris.