Gentrificación energética
Manuel García Domínguez
La gentrificación, de inglés gentry (“pequeña aristocracia”, “alta burguesía” o “familia de bien”) es un concepto ampliamente usado en los diálogos sobre la crisis en el acceso a la vivienda. En ellos, se describe un proceso urbano de elitización y ocupación de un territorio que deriva en un aumento generalizado de los precios del suelo y la consecuente expulsión de los habitantes con bajos ingresos económicos. En definitiva, se trata de una competencia por el espacio que, al desarrollarse sobre mecanismos de mercado, se resuelve en favor de la población con mejores ingresos, desplazando al resto de grupos sociales a otros territorios (Sabatini et al., 2009).
Sin embargo, para autores como Eric Clark (2005), el concepto de gentrificación podría abarcar otros ámbitos más allá de los procesos urbanos. En concreto, Clark amplía el término hasta cualquier proceso que desplace a las personas a causa de la afluencia de capital corporativo. Si decidimos reservar el término “gentrificación” para dar cuenta de la gentrificación urbana, necesitaremos acuñar adjetivos para describir el resto de posibles fenómenos. Es en este punto donde surge la noción de “gentrificación energética”.
La gentrificación energética describe el desplazamiento de usuarios de la red eléctrica debido al acaparamiento de la infraestructura de producción y distribución de electricidad por parte de industrias electrointensivas. En términos de Libertson et al. (2021), “la gentrificación energética sustituye la competencia por terrenos y viviendas por la competencia por la energía, y la demografía de los distintos grupos socioeconómicos por la de los usuarios de la red” (p.157). Podemos hablar de dos tipos de gentrificación energética: débil y fuerte.
La versión débil surge cuando el aumento de la demanda de electricidad eleva la proporción de energías fósiles en el mix energético, provocando un aumento de la factura de suministro de energía eléctrica. Este aumento es mayor en caso de que sea necesaria inversión pública para reforzar la infraestructura eléctrica o en caso de que el proyecto electrointensivo firme acuerdos de compra prioritaria (PPAs) con compañías energéticas, reservándose una cantidad de energía renovable a precio fijo. La versión fuerte se presenta cuando el acceso de una industria electro-intensiva a la red eléctrica acapara la capacidad de la red de transporte o la disponibilidad de energía. En estos casos, estas compañías “llenarían” la infraestructura eléctrica impidiendo de facto la incorporación de otros usuarios. En ambos casos, ya sea por la inasequibilidad del proyecto —versión débil— o por el déficit en la capacidad de la red para dar acceso a nuevos proyectos —versión fuerte—, la introducción de industrias electrointensivas puede desplazar a otros usuarios de la red eléctrica. Además, este desplazamiento puede ser espacial, si el usuario decide instalarse en otro territorio, o temporal, si pospone el proyecto a la espera de una ampliación de la red eléctrica.
De acuerdo con Libertson et al., “la noción de gentrificación energética es útil para indagar en las dimensiones éticas de la priorización entre nuevos establecimientos y proyectos de infraestructura” (2021, p. 158). La gentrificación urbana ha abierto un amplio debate acerca de las funciones sociales que debe cumplir la vivienda. Habitualmente, el diálogo oscila entre el uso como vivienda habitual y el uso especulativo o financiero, así como en el papel de la regulación estatal en la disposición de uno u otro uso. De forma análoga, la gentrificación energética abre el debate acerca de los usos de la infraestructura eléctrica que se quieren priorizar en aquellos escenarios en los que la demanda supera la oferta y hay una pluralidad de agentes implicados.
Este debate es especialmente relevante en aquellos territorios que experimentan un doble proceso: la electrificación de la economía que acompaña a la transición energética (véanse Energías Renovables y Transición ecosocial) y la instalación acelerada de centros de datos de hiperescala dedicados a sostener el funcionamiento de la Inteligencia Artificial o el internet de las cosas, que acompaña a la emergencia de tecnologías de frontera (Monstadt y Saltzman, 2025; Velkova, 2025). Los centros de datos, como ejemplo de industria electrointensiva, compiten por los mismos recursos energéticos con aquellos proyectos asociados a la descarbonización. Entre ellos, podemos pensar en el transporte, como la apertura de nuevas vías ferroviarias, la electrificación del transporte público o la carga de barcos eléctricos en muelles; pero también en la industria, como la construcción de una central de hidrógeno verde, la ampliación de una fábrica de vidrio o el uso de bombas de calor industriales para la producción de agua caliente y vapor. Esto plantea tres conflictos que reinciden, con los cambios correspondientes, en otras industrias electrointensivas.
Primero, los diversos proyectos que solicitan acceso a la red eléctrica no compiten en los mismos términos. Esto sucede, especialmente, cuando una corporación internacional entra en competencia con un proyecto local. En estos casos, se tiende a marginar la voz de la población local y a establecer regulaciones favorables a los principales agentes económicos, como fondos de inversión o multinacionales tecnológicas. A menudo, las compañías que gestionan estos proyectos son grandes empresas energéticas que buscan dar una salida con mayor tasa de rentabilidad a sus proyectos vigentes de producción de energía. De esta forma, aprovechan el entramado de conocimientos legales, contactos e infraestructura instituidos en la fase de construcción de parques renovables y centrales térmicas para conseguir una posición privilegiada en la instalación de nuevas industrias, esta vez centradas en la demanda energética (Jiménez y García, 2026).
Segundo, este conflicto con la población local se justifica bajo la promesa de desarrollo regional y crecimiento económico, aludiendo a la contribución fiscal y la creación de puestos de trabajo (Ortar et al., 2024). Este discurso no sólo es falso en industrias como la de los centros de datos, a la luz de las exenciones fiscales y las bajas tasas de creación de empleo, sino que también reproduce, a menudo, el relato de la terra nullius, según el cual los proyectos electrointensivos se instalarían sobre un terreno vacío y, por tanto, no estarían desplazando proyectos a otros espacios (Gómez, 2026). Este discurso se emplea para justificar la instalación de centros de datos de hiperescala sobre zonas económicamente deprimidas del rural español y, específicamente, de la llamada España vaciada. En regiones como Extremadura y Aragón, se devalúan su historia, sus ecosistemas y sus posibilidades económicas, para permitir la ocupación de decenas de miles de hectáreas con centros de datos, así como con parques renovables que puedan reproducir su imagen de industria sostenible.
Tercero, los gobiernos que acogen estos proyectos sobrestiman los beneficios y minusvaloran los gastos públicos en infraestructura eléctrica. La inversión pública en ampliación de la red eléctrica (y de otros recursos, como la red hídrica o de transporte de mercancías) necesaria para la instalación del proyecto desplaza el control de los bienes públicos a entidades privadas. De esta forma, “la gentrificación suele ser una manifestación del conflicto entre el capital global y el capital local, es decir, un proceso en el que los intereses internacionales monetizan los activos locales a expensas de la economía local” (Libertson et al, 2021). Además, las industrias tan extractivas de energía suelen tener consecuencias más allá de su impacto en la red eléctrica. Sin ir más lejos, esa energía requiere grandes cantidades de agua y/o combustibles fósiles en su producción en centrales térmicas, nucleares e hidroeléctricas. Además, en el caso de los centros de datos, la energía se disipa en forma de calor, que requiere habitualmente agua para su refrigeración y emite calor y ruido en los ventiladores. El consumo de recursos escasos en el entorno y el empeoramiento de las condiciones de vida para humanos y no humanos de los ecosistemas circundantes puede agravar conflictos territoriales, dando lugar, por ejemplo, a procesos de gentrificación hídrica o gentrificación urbana.
La gentrificación energética se vincula así de forma directa con otros tipos de gentrificación. La ocupación de la infraestructura eléctrica por proyectos electrointensivos sitúa a los proyectos locales en una encrucijada. Por un lado, las exigencias de reducir las emisiones para mantener el planeta habitable, así como el aumento de los precios de los combustibles fósiles, establece la electrificación como un imperativo de supervivencia en un plano ecológico y económico. Por otro lado, este imperativo se enfrenta a la imposibilidad material de acceder y acoplarse a la red eléctrica. Esta encrucijada se puede terminar por resolver, en el peor de los casos, con un cierre o desplazamiento de industrias a otros territorios, con la consecuente pérdida de empleos y riqueza local. La falta de oportunidades laborales, al mismo tiempo, puede generar una emigración del municipio, que puede entenderse, en un sentido amplio, como un desplazamiento a causa de la afluencia de capital corporativo y, por tanto, de gentrificación.
En la actualidad, existen principalmente dos grupos de medidas para evitar la gentrificación energética y, en un sentido más amplio, la monopolización de los recursos de la red. El primer grupo no sitúa el problema en el entramado industrial, sino en las injusticias económicas que genera. En este sentido, se exigen medidas como obligar a que las industrias electrointensivas cubran los costes de expansión de la red eléctrica, imponer que el proyecto incorpore parques renovables en modalidad de autoconsumo o reclamar el pago de una mayor tasa de impuestos para el mantenimiento público de la infraestructura eléctrica. El segundo grupo, por su parte, reclama una transformación de la escala y el régimen de propiedad para ajustarse a la transición energética. Por ello, sus medidas apuntan hacia una planificación democrática y ecológica de las industrias que se acoplan a la red eléctrica, la moratoria total o parcial de algunas de las industrias electrointensivas mientras se asienta la transición energética y la construcción de una red de industrias de régimen público-comunitario que permita tener un control democrático de los usos más extractivos de los recursos energéticos (véase Soberanía energética). En todo caso, no deben entenderse como propuestas incompatibles, sino como estrategias complementarias para adaptarse y mitigar los conflictos generados por la gentrificación energética.
En definitiva, la gentrificación energética deja entrever uno de los conflictos asociados a la descarbonización de una economía en crecimiento: la aparición o expansión de industrias electrointensivas cuyas promesas de desarrollo regional se priorizan sobre los compromisos climáticos del gobierno que las acoge. En estos escenarios, la reducción de emisiones deja de ser el vector fundamental de la electrificación y los mismos esfuerzos públicos dedicados a la transición energética, como la ampliación de la red eléctrica o la instalación de parques renovables, se privatizan en beneficio de los promotores de estas industrias. De esta forma, la turbina eólica o la placa fotovoltaica dejarían de ser el estandarte de la transición a sociedades más justas social y ambientalmente, para ser la condición de una energía barata que posibilita la rentabilidad y la legitimidad de grandes proyectos industriales en manos de grandes corporaciones privadas. Los procesos de gentrificación energética reflejan así la etimología con la que se comenzaba esta entrada: la concesión de recursos energéticos a la pequeña aristocracia o alta burguesía, con el consecuente desplazamiento de otros agentes de menores ingresos y, añadimos, con la expulsión del metabolismo social fuera de los límites planetarios.
Bibliografía:
Clark, Erik. (2005). “The Order and Simplicity of Gentrification: A Political Challenge”. En Rowland Atkinson y Gary Bridge (Eds.). Gentrification in a Global Context, 256-264. Routledge.
Gómez, Aurora. (2026). El precio de las nubes. La expansión de los centros de datos en Aragón. Tu Nube Seca Mi Río. https://tunubesecamirio.com/downloads/informe_centro_de_datos_aragon.pdf.
Jiménez, Lorien y García, Manuel. (2025). Periferias de la nube aragonesa. Agentes, estrategias y tensiones en torno a los centros de datos. Revista Internacional de Organizaciones, 35, 59-88. https://doi.org/10.17345/rio35.494.
Libertson, Frans; Velkova, Julia y Palm, Jenny. (2021). Data-center infrastructure and energy gentrification: perspectives from Sweden. Sustainability: Science, Practice and Policy, 17(1), 152–161. https://doi.org/10.1080/15487733.2021.1901428.
Monstadt, Jochen y Saltzman, Katherine. (2025). HOW DATA CENTERS HAVE COME TO MATTER: Governing the Spatial and Environmental Footprint of the ‘Digital Gateway to Europe’. International Journal of Urban and Regional Research, 557-778. .
Ortar, Nathalia; Taylor, A.R.E, Velkova, Julia, Brodie, Patrick, Johnson, Alix, Marquet, Clément, Pollio, Andrea y Cirolia, Liza. (2024). Powering ‘smart’ futures: data centres and the energy politics of digitalisation. Energy Futures: Anthropocene Challenges, Emerging Technologies and Everyday Life, 10, 125-168. https://dx.doi.org/10.1515/9783110745641-005.
Sabatini, Francisco; Sarella, María; y Vásquez, Héctor. (2009). Gentrificación sin expulsión, o la ciudad latinoamericana en una encruzijada histórica. Revista 180, 24.
Velkova, Julia. (2025). “Aligning Energy Grids, Clouds and Public Values in Sweden”. En Anne Mollen, Fieke Jansen, Sigrid Kannengießer y Julia Velkova (Eds.). AI Infrastructures and Sustainability. Expanding Perspectives on Automation, Communication and Media, 97-115. ECREA.