Ecofeminismo

Clara Esteve-Jordà 

La relación entre “género” y “naturaleza” se refiere a cómo las desigualdades de género configuran las formas de percibir, usar, gestionar y defender los ecosistemas. El estudio de esta relación se ha desarrollado a partir de diversas corrientes teóricas que han problematizado la separación moderna entre sociedad y naturaleza. En este sentido, las teorías y movimientos ecofeministas han sido especialmente influyentes, al mostrar cómo la subordinación de las mujeres y la degradación ambiental comparten raíces históricas. Los ecofeminismos han sido desarrollados en contextos diversos, tanto rurales como urbanos, y en distintas regiones del mundo. 

El término “ecofeminismo” fue acuñado por Françoise d’Eaubonne en 1974 con su obra Le féminisme ou la mort, y se consolidó durante los años ochenta. Αlgunas corrientes ecofeministas de corte esencialista o biologicista han atribuido a una supuesta cercanía “natural” de las mujeres con el medio ambiente, ya sea por su capacidad reproductiva, su rol materno o su vínculo con los cuidados. Sin embargo, la ecología política feminista contemporánea ha señalado que esta relación no es neutra: está atravesada por sistemas históricos de dominación como el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, que asignan roles diferenciados de género. Desde esta perspectiva constructivista, el vínculo entre “género” y “naturaleza” se entendería como el resultado de procesos sociales y políticos. Esta aproximación cuestiona la supuesta universalidad de las experiencias ambientales y pone en entredicho ciertos modelos de masculinidad hegemónica vinculados a discursos de dominación, control tecnológico y negación de la crisis ecológica (véase Mecanicismo, Naturaleza o Tecnología). Asimismo, subraya la necesidad de incorporar el análisis de género en cualquier reflexión sobre sostenibilidad y justicia ecológica. 

Desde finales del siglo XX, distintas autoras han analizado cómo la modernidad científica transformó la naturaleza en un objeto disponible para la explotación, en paralelo a la desvalorización de los trabajos de cuidado (Merchant, 1980). Desde perspectivas ecofeministas y decoloniales, se ha señalado que los modelos de desarrollo extractivistas han erosionado tanto los ecosistemas como los conocimientos y prácticas sostenidos por mujeres (Mies & Shiva, 1997; Segato, 2016). Estas reflexiones han sido fundamentales para poner de relieve que la violencia patriarcal y la violencia extractivista comparten una misma matriz colonial, en la que tanto los cuerpos feminizados como los territorios son concebidos como espacios disponibles para la apropiación, formando parte de un mismo entramado histórico de dominación.  

Las epistemologías feministas han aportado herramientas decisivas para analizar cómo se producen los conocimientos sobre la naturaleza. La noción de “conocimientos situados” (Haraway, 1988) cuestiona la idea de una ciencia neutral y universal, subrayando que toda producción de conocimiento está vinculada a contextos, cuerpos y relaciones de poder. Esta perspectiva ha permitido examinar cómo la ciencia ha reproducido sesgos de género, invisibilizando saberes locales y comunitarios, muchos de ellos sostenidos por mujeres. Asimismo, se ha defendido la necesidad de incorporar voces históricamente excluidas para generar conocimientos más completos y democráticos. Por su parte, la geografía feminista ha mostrado que los riesgos ambientales, el acceso al agua o la exposición a desastres no son neutros, sino que están configurados por relaciones de poder que determinan quién accede a los recursos, quién asume los riesgos y quién toma las decisiones (Sultana, 2014; Rocheleau et al. 1996).  

La división sexual del trabajo ha situado históricamente a las mujeres en una relación cotidiana con los recursos naturales. En muchas regiones del Sur Global las mujeres son responsables de la recolección de agua y leña, del mantenimiento de huertos y de la conservación de semillas (Agarwal, 1992). Esta proximidad no derivaría de una afinidad natural, sino de estructuras sociales que asignan tareas de cuidado y subsistencia a las mujeres. En contextos urbanos, investigaciones recientes muestran que las mujeres participan de manera destacada en decisiones de consumo y en iniciativas de sostenibilidad cotidiana, como la alimentación responsable o la agricultura urbana. Sin embargo, esta responsabilidad cotidiana no se traduce en poder de decisión. Los enfoques ecofeministas han mostrado que las economías capitalistas dependen de este trabajo de cuidados, mayoritariamente femenino, y de la explotación de los ecosistemas (Herrero, 2013). Algunas propuestas de ecofeminismo crítico defienden una ética del cuidado compatible con la autonomía, la igualdad y los derechos (Puleo, 2011). 

Por otra parte, es importante destacar que las crisis ecológicas afectan de manera desigual a mujeres y hombres. Las mujeres enfrentan mayores riesgos debido a desigualdades en el acceso a recursos económicos, información, movilidad y derechos. La literatura sobre vulnerabilidad climática ha mostrado cómo las mujeres, en regiones afectadas por sequías o inundaciones, soportan cargas adicionales de trabajo y mayores riesgos de inseguridad alimentaria (Arora Johnson, 2011). Estudios comparativos indican que las tasas de mortalidad femenina son más altas en huracanes o tsunamis debido a restricciones sociales y desigualdades en el acceso a recursos de emergencia. Asimismo, investigaciones en salud ambiental señalan que las mujeres están más expuestas a tóxicos domésticos y laborales, con efectos específicos sobre la salud reproductiva (Valls-Llobet, 2018). A ello hay que añadir que las defensoras ambientales sufren formas específicas de violencia, incluida la violencia sexual, como mecanismo de intimidación.  

Desde la ecología política feminista, la gobernanza de los recursos se entiende como un ámbito atravesado por relaciones de poder que condicionan la participación, la toma de decisiones y la distribución de beneficios. Históricamente, las mujeres han tenido menor acceso a la propiedad de la tierra, al crédito y a la tecnología, lo que limita su capacidad de influir en la gestión de los recursos. A nivel global, solo una minoría de las tierras está en manos de mujeres, y cuando lo están, suele tratarse de parcelas más pequeñas y con menor seguridad jurídica. La distinción entre propiedad, acceso y control (Ribot y Peluso, 2003), resulta fundamental para analizar estas desigualdades: muchas mujeres pueden acceder a recursos sin tener derechos formales para decidir sobre ellos, venderlos o heredarlos. Esta situación incrementa su vulnerabilidad, especialmente en contextos de crisis. Los modelos de titularidad individual han sido promovidos como vía de empoderamiento, aunque sus efectos han sido desiguales. En algunos contextos, las formas de titularidad conjunta o comunitaria que reconocen explícitamente los derechos de las mujeres pueden ofrecer resultados más equitativos y sostenibles (véase Custodia del territorio). 

En distintas regiones del mundo, las mujeres han protagonizado movimientos de defensa del territorio y de los bienes comunes que articulan prácticas de sostenibilidad, justicia social y cuidado comunitario. El movimiento Chipko en la India, ampliamente estudiado por Shiva, es un ejemplo emblemático de resistencia no violenta contra la deforestación. Otro ejemplo clásico es el Green Belt Movement en Kenia, liderado por Wangari Maathai, que combinó reforestación, derechos de las mujeres y democracia participativa. En América Latina, y por nombrar solo un caso, las mujeres del movimiento en defensa del río Atrato en Colombia han articulado luchas territoriales y comunitarias que combinan justicia ambiental, derechos colectivos y protección de los cuerpos feminizados frente a la violencia extractivista. En contextos urbanos, iniciativas como huertos y cocinas comunitarias o redes de consumo responsable muestran cómo las mujeres impulsan prácticas de sostenibilidad cotidiana. Estas experiencias constituyen formas de gobernanza alternativa que cuestionan los modelos extractivistas y abren la posibilidad de relaciones más justas entre comunidades y ecosistemas. 

La justicia ecológica con perspectiva de género reconoce que la crisis ambiental es inseparable de las desigualdades sociales. Así pues, integrar el género en las políticas climáticas es una condición intrínseca para su eficacia y legitimidad. Este enfoque se nutre de debates sobre justicia distributiva, procedimental y epistémica. Desde la justicia distributiva, se subraya la necesidad de garantizar un acceso equitativo a los recursos y de evitar que los costes ambientales recaigan de manera desproporcionada sobre las mujeres. Desde la justicia procedimental, se insiste en la importancia de la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones ambientales. Y desde la justicia epistémica, se reivindica el reconocimiento de los saberes locales, indígenas y comunitarios, muchos de ellos sostenidos por mujeres, como conocimientos válidos para la gestión ambiental.  

Estos enfoques dialogan con las críticas decoloniales, que han subrayado cómo la crisis ecológica está vinculada a procesos históricos de desposesión y violencia. Buena parte de las autoras contemporáneas argumentan que la justicia climática debe incorporar una perspectiva que reconozca la continuidad entre colonialismo, extractivismo y degradación ambiental. En este sentido, la justicia ecológica con perspectiva de género no solo busca corregir desigualdades existentes, sino transformar las estructuras que las producen, proponiendo formas de vida que armonicen justicia social y resiliencia ecológica. Al mismo tiempo, reconoce la capacidad de agencia de las mujeres y de otros sujetos feminizados, cuyas prácticas de resistencia, cuidado y defensa territorial constituyen formas activas de construcción de futuros ecológicos más justos. En conjunto, la relación entre género y naturaleza constituye una dimensión clave para comprender y abordar la crisis ecológica contemporánea. 

Bibliografía:  

Agarwal, B. (1992). The gender and environment debate: Lessons from India, Feminist Studies, 18(1), 119–158. 

Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change, Global Environmental Change, 21(2), 744-751. 

Buckingham, S. (2020). Gender and environment (2.ª ed.). Routledge. 

Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change, Women’s Studies International Forum, 49, 20–33. 

Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Feminist Studies, 14(3), 575–599. 

Harcourt, W. & Nelson, I. L. (Eds.). (2015). Practicing feminist political ecologies: Moving beyond the “green economy”. Zed Books. 

Herrero, Y. (2013). Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica, nº16. 

Mies, M. & Shiva, V. (1997). Ecofeminismo. Teoría, Crítica y Perspectivas. Icaria.  

MacGregor, S. (2009). A Stranger Silence Still: The Need for Feminist Social Research on Climate Change, The Sociological Review, 57: 124-140.  

Merchant, C. (1980). The death of nature: Women, ecology and the scientific revolution. HarperOne. 

Puleo, A. H. (2011). Ecofeminismo para otro mundo posible. Cátedra. 

Ribot, J. & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. Rural Sociology, 68(2), 153–181.  

Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B. & Wangari, E. (Eds.). (1996). Feminist political ecology: Global issues and local experiences. Routledge. 

Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños. 

Sultana, F. (2014). Gendering climate change: Geographical insights. The Professional Geographer, 66(3), 372–381. 

Terry, G. (2009). No climate justice without gender justice: An overview of the issues. Gender & Development, 17(1), 5–18. 

Valls-Llobet, C. (2018). Medio ambiente y salud. Mujeres y hombres en un mundo de nuevos riesgos. Cátedra.