Agroecología
Carolina Yacamán Ochoa
La agroecología constituye una respuesta política y epistémica frente a la expansión histórica del régimen agroindustrial capitalista. Sus primeras formulaciones a comienzos del siglo XX se centraron en la reducción de insumos químicos y en la comprensión de la regulación biológica de los agroecosistemas (Gliessman, 2018). Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX —y especialmente desde la década de 1980— la agroecología experimentó una expansión conceptual significativa. La crítica a los impactos socioambientales de la Revolución Verde y la emergencia de movimientos campesinos internacionales contribuyeron a ampliar su alcance más allá de la parcela o el agroecosistema. La agroecología pasó a considerar no solo la dinámica ecológica del agroecosistema, sino también las estructuras de poder que organizan la producción, distribución y consumo de alimentos a escala global. Desde esta perspectiva, el agroecosistema no es sólo una unidad biofísica gestionada de manera más eficiente para producir alimentos y otros servicios ecosistémicos, sino un espacio socioecológico configurado por relaciones desiguales de clase, género y colonialidad. Su desarrollo por lo tanto, ha estado atravesado por luchas sociales que cuestionan las estructuras de poder que organizan la producción y el acceso a los alimentos (Wezel et al., 2009).
La ampliación de la agroecología hacia el sistema alimentario en su conjunto (Van der Ploeg, 2009) no representó solo un cambio de escala analítica, sino una politización explícita del campo, al incorporar las dinámicas de acumulación, desposesión y mercantilización que atraviesan el sistema agroalimentario dominante. En este sentido, la agroecología se ha consolidado como un proyecto transdisciplinar que dialoga críticamente con la ecología política, la economía ecológica y la etnoecología (Francis et al., 2003), al tiempo que converge con corrientes como el ecofeminismo, que denuncia la intersección entre la explotación de la naturaleza y la subordinación de cuerpos y territorios. Más que una alternativa técnica, la agroecología emerge así como un horizonte contrahegemónico que disputa el control corporativo del sistema alimentario y reivindica la soberanía alimentaria, la justicia socioambiental y la democratización radical de la producción y reproducción de la vida.
Raíces campesinas y conocimiento situado
Aunque el término de la agroecología es relativamente reciente, sus fundamentos prácticos y sus principios encuentran sus verdaderas raíces en el conocimiento y la experiencia acumulados de la agricultura campesina e indígena en diversas regiones del mundo, aunque históricamente estos pueblos no utilizaron este término (Rosset y Altieri, 2017). Terrazas andinas, chinampas mesoamericanas, sistemas agroforestales tropicales o policultivos mediterráneos representan ejemplos históricos de gestión integrada de biodiversidad, suelos y agua y producción de alimentos.
La agroecología contemporánea reconoce estas experiencias como fuentes legítimas de conocimiento y prácticas productivas resilientes. En lugar de concebir la modernización agrícola como sustitución del saber local por tecnologías externas, propone un diálogo de saberes que articule ciencia formal y conocimiento situado (Véase Ciencia ciudadana). Este enfoque desafía las jerarquías epistémicas heredadas del colonialismo y cuestiona la universalización de modelos productivos basados en monocultivos intensivos.
Si bien América Latina y Europa comparten principios generales, las trayectorias de la agroecología responden a contextos socioeconómicos diferenciados. En América Latina, la agroecología surgió y se desarrolló en escenarios marcados por profundas desigualdades estructurales, conflictos por la tierra y resistencias a modelos extractivistas. Uno de los primeros procesos que consolidó una metodología central del pensamiento agroecológico tuvo lugar en Guatemala, mediante la propuesta horizontal Campesino a Campesino, que posteriormente se expandió por Mesoamérica a partir de la década de 1970 (Holt-Giménez, 2006). Otro ejemplo, son las escuelas campesinas y los “faros agroecológicos”, que consolidaron formas horizontales de construcción colectiva de conocimiento y de intercambio entre comunidades rurales (Guzmán et al., 2000). En este contexto, la agroecología latinoamericana se orientó a reducir la dependencia de insumos externos y a garantizar el acceso a tierra, semillas y agua, asegurando procesos de autonomía campesina y construcción colectiva de capacidades.
En Europa, en cambio, surgió en un contexto marcado por una agricultura intensiva, mecanizada, especializada en monocultivos, y fuertemente subsidiada (González de Molina, 2011). Su desarrollo ha estado impulsado en gran medida por actores urbanos, redes alimentarias alternativas y el movimiento ecologista, con énfasis en el consumo responsable y la reducción de los impactos ecosociales del modelo industrial.
A escala global, la agroecología se reconoce por su enfoque integral, que combina tres dimensiones fundamentales y estrechamente vinculadas entre sí: una disciplina científica, una práctica agrícola y un movimiento social y político (Wezel et al., 2009). Estas dimensiones no son compartimentos estancos, sino esferas que se retroalimentan y cuya centralidad relativa varía según los contextos geográficos y políticos. Por ejemplo, en América Latina predominan el movimiento social y político y la práctica, mientras que en Europa y Estados Unidos ha tenido un largo desarrollo como disciplina científica.
Como disciplina científica, la agroecología estudia los sistemas alimentarios desde una perspectiva ecológica integrada. Analiza flujos de energía y nutrientes, interacciones tróficas, biodiversidad funcional y resiliencia socioecológica. A diferencia de enfoques agronómicos convencionales, no se orienta a maximizar rendimientos, sino que prioriza la estabilidad ecológica, la diversidad biológica y la eficiencia en el uso de recursos. Reconoce y legitima los saberes y prácticas locales como fuentes válidas de conocimiento, promoviendo procesos de investigación participativa y co-producción que articulan ciencia y experiencia territorial. Desde esta perspectiva, el conocimiento no se concibe como un resultado cerrado ni exclusivamente experto, sino como un proceso dinámico y situado, construido a través del diálogo entre actores locales e investigadores.
En su dimensión práctica, la agroecología se materializa en un conjunto de estrategias productivas orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la circularidad energética del metabolismo agrario al minimizar los insumos externos. Entre ellas destacan los policultivos, la agroforestería, la integración agricultura-ganadería, el reciclaje de nutrientes, la conservación de variedades locales y la gestión ecológica del suelo, así como la mejora del bienestar animal. También es importante su papel a la hora de reducir la huella ecológica asociada a la producción y consumo de alimentos al promover la territorialización del sistema agroalimentario, y promover prácticas que favorezcan la resiliencia de los agroecosistemas frente al cambio climático.
En el plano político, la agroecología se configura como un proyecto de transformación del régimen agroalimentario dominante a partir de un enfoque holístico, territorial y articulado con organizaciones campesinas, indígenas y redes alimentarias alternativas. En este proceso, La Vía Campesina —fundada en 1993 a partir de la articulación de resistencias indígenas, campesinas y populares— ha desempeñado un papel central en la formulación y difusión del paradigma de la soberanía alimentaria, definido como el derecho de los pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas.
Desde esta perspectiva, la agroecología no es neutral y no se limita a un enfoque técnico-productivo, sino que constituye la estrategia práctica, científica y política para materializar la soberanía alimentaria, al fortalecer la autonomía campesina, los saberes tradicionales y el control comunitario de los recursos productivos. Como proyecto político, aspira a disputar la concentración de poder corporativo en el sistema agroalimentario, defender los derechos sobre la tierra y las semillas, preservar la diversidad biocultural y avanzar hacia formas de justicia ecosocial (Altieri y Toledo, 2011; Rosset et al., 2011).
Asimismo, el ecofeminismo ha enriquecido este enfoque crítico al destacar la interconexión entre la explotación de la naturaleza y la subordinación de las mujeres (Shiva, 2016) destacando que forman parte de una misma estructura patriarcal-capitalista que externaliza costes sociales y ecológicos para sostener la acumulación (Mies & Shiva, 1993). Desde perspectivas poscoloniales, se subraya cómo el régimen agroindustrial reproduce jerarquías de género y dinámicas extractivistas que invisibilizan el trabajo reproductivo y los saberes tradicionales. En este marco, la defensa de las semillas locales, los conocimientos ecológicos tradicionales y el trabajo reproductivo, frecuentemente sostenido por redes de mujeres campesinas organizadas y frecuentemente invisibilizado, es reconocido como un eje fundamental de la reproducción de la vida y la estabilidad del planeta Tierra.
Agroecología, límites planetarios y disputas discursivas
La creciente centralidad de la agroecología en la política ambiental global se explica en parte por la convergencia de múltiples crisis interrelacionadas. El sistema agroalimentario dominante destaca por la creciente presión sobre los recursos renovables, la persistente inseguridad alimentaria, el despoblamiento rural y la erosión de la agricultura familiar, así como los impactos negativos sobre el bienestar animal. Asimismo, contribuye a la superación de varios límites planetarios —incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático, la alteración de los flujos biogeoquímicos asociada al uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y la acelerada pérdida de biodiversidad— lo que refuerza la urgencia de una transición sistémica (IPBES, 2019; IPCC, 2019). Desde la perspectiva de los límites planetarios, representa una estrategia de reconfiguración metabólica que busca reinsertar la producción alimentaria dentro de umbrales ecológicos seguros. En este contexto, la agroecología ofrece un marco de transición que integra mitigación y adaptación climática con justicia social.
Para abordar los principales retos sociales, económicos y medioambientales del sistema agroalimentario en el siglo XXI, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) articuló el denominado marco de los diez elementos de la agroecología, con el objetivo de orientar su institucionalización mediante directrices normativas y operativas. Este marco sistematiza la agroecología en un conjunto de dimensiones interrelacionadas e interdependientes que estructuran su implementación en políticas públicas y prácticas territoriales. Los diez elementos se organizan en torno a funciones clave —diversidad, sinergias, eficiencia, resiliencia y reciclaje— e incorporan además la co-creación y el intercambio de conocimientos, los valores humanos y sociales, las culturas y tradiciones alimentarias, la economía circular y solidaria, y la gobernanza responsable (FAO, 2018).
La agroecología ha adquirido una creciente centralidad en las agendas institucionales, particularmente en el marco del European Green Deal y la Farm to Fork Strategy. En este contexto, su incorporación se ha orientado principalmente a promover prácticas alineadas con la denominada climate-smart agriculture, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta lectura —frecuentemente respaldada por el paradigma biotecnológico— tiende a buscar la “sostenibilización” del modelo agroindustrial dominante sin cuestionar las relaciones de poder que lo estructuran, la lógica del monocultivo a gran escala, la deslocalización productiva o la concentración corporativa del régimen agroalimentario (Alonso-Fradejas et al., 2020; Stephen Gliessman, 2011). Desde esta perspectiva tecnocrática, la agroecología se reduce a un repertorio de soluciones técnicas orientadas a la intensificación sostenible (Pretty, 2010), lo que ha generado un intenso debate entre la comunidad científica, el movimiento agroecológico y las redes alimentarias alternativas acerca de su significado y alcance.
Frente a esta interpretación, Manuel González de Molina (2013) subraya que la agroecología no puede desvincularse de su dimensión política. Su potencial transformador radica precisamente en su capacidad para constituirse como alternativa al modelo industrial de producción de alimentos y como palanca para una transformación sistémica orientada a fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y las semillas, la defensa de los bienes comunes y los saberes campesinos, así como la conservación ecológica. En definitiva, la agroecología no propone recetas técnicas, sino principios; no se fundamenta en la dependencia de insumos, sino en la gestión de procesos ecológicos y sociales que emergen del diálogo de saberes y de las cosmovisiones locales (Rosset y Altieri, 2017).
Bibliografía:
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